César Gaviria, Alvaro Uribe y Frankenstein, acechan a Venezuela

 
Excepto por el General Simón Bolívar que gobernó Colombia en 1819 y posteriormente entre 1827 y 1830, casi todos los gobernantes colombianos han sido lacayos del imperialismo, y habitualmente han apoyado a sus amos en conflictos ajenos...

César Gaviria, Alvaro Uribe y Frankenstein, acechan a Venezuela

Por: Luis Alberto Matta Aldana
(Historiador y defensor de derechos humanos)

En abril de 1982 Colombia se ganó el calificativo de “Caín de América”, después que su presidente Julio César Turbay Ayala, decidiera respaldar a los británicos en la Guerra de las Malvinas contra Argentina. Excepto por el General Simón Bolívar que gobernó Colombia en 1819 y posteriormente entre 1827 y 1830, casi todos los gobernantes colombianos han sido lacayos del imperialismo, y habitualmente han apoyado a sus amos en conflictos ajenos, como sucedió durante la Guerra de Corea a mediados del siglo pasado, cuando centenares de jóvenes fueron enviados a participar en aquel conflicto desconocido y lejano.

El actual mandatario de Colombia Alvaro Uribe Vélez, el más belicoso de las últimas décadas, 23 años después del suceso de las Malvinas hizo honor a su tradición camorrista y pendenciera, respaldando políticamente la guerra inmoral del presidente Bush contra Irak, y además, insinuando una intervención semejante contra su propio país, destinada a derrotar la oposición armada que componen las insurgentes FARC-EP y ELN. Un año más tarde cuando no quedan dudas sobre los intereses económicos de la invasion a Irak, en Abril 2 de 2004 según denunció la revista ‘Financial Times’ sin eco en la prensa nacional, Uribe le ofrece a Washington enviar tropas colombianas a Bagdad, a cambio de que los norteamericanos aumenten el número de militares y “contratistas” suyos en Colombia, estos últimos mercenarios a sueldo sin Dios y sin ley.

Actualmente más de 1.500 estadounidenses –cifras oficiales–, 783 de ellos con denominación “contratistas”, son parte del “Plan Patriota”, una dura ofensiva militar contra las FARC-EP en las selvas del sur. En esta operación los estadounidenses apoyan a 23.000 soldados colombianos –se estima que podrían ser en realidad más de 40.000 militares criollos–, cuyo propósito es desalojar a los insurgentes de las vastas y hermosas regiones que controlan, como El Yarí y el histórico Caguán en el Caquetá, Calamar y La Libertad en el Guaviare, parte del Sibundoy y el Piñuña en el agreste Putumayo, así como del Ariari y otros extensos montes y llanuras del Meta.

Se trata de regiones colonizadas por humildes labriegos que buscan un mejor porvenir, o migrantes que en décadas pasadas huyeron de la violencia oficial, desplazados de sus lugares de origen por chulavitas y pájaros, posteriormente por el MAS, los carranceros, los mochacabezas, etc., una interminable lista de bandas de asesinos al servicio de terratenientes, narcotraficantes y politicos corruptos.

En columnas colectivas de marcha, individualmente o en familia, los campesinos desterrados se afincaron nuevamente y dominaron porciones de selva, en las que fundaron pequeños poblados a la margen de los ríos, sitios donde las gentes comercian pescado, maderas, oro y variados productos agrícolas. A final de los setenta e inicio de la década de los ochenta incorporaron a su realidad el cultivo de la coca, como reflejo de la erradicación de estos plantíos en países vecinos, y también por nuevos flujos migratorios de carácter interno. Los cultivos de coca se expandieron rápidamente en algunas de esas areas, principalmente en Putumayo y Guaviare, donde la hoja de coca se convirtió en uno más de los productos agrícolas. Las FARC-EP no pudieron ni podrán impedir este cultivo en aquellos territorios, a menos que haya condiciones concretas para la realización de una reforma agraria integral, que mejore la economía campesina y pueda ofrecer alternativas creíbles de integración nacional, vías de comunicación, préstamos de cosecha y acceso a mercados, para que el campesinado pueda sustituir concertadamente la coca por cultivos tradicionales.

Entre tanto sectores de gobierno enquistados en el poder y que actúan bajo asesoría de la Embajada estadounidense, pretenden erradicar la coca asperjando químicos, hongos y otras armas bacteriológicas, ignorando la tragedia ecológica que estas causan, y la tragedia humana que significa volver a romper el tejido social de los campesinos. La estrategia incluye ametrallamientos y bombardeos contra la población, robo y ejecución de animales domésticos, destrucción de huertas, puentes y acueductos, arrasamiento de viviendas y finalmente la infiltración de redes paramilitares, cuyos miembros cometen atrocidades y encubren los crímenes cometidos por tropas oficiales. Algo semejante a lo que ahora mismo acontece en regiones como Arauca –nororiente de Colombia–, donde Ejército y Policía literalmente han secuestrado a la población, mientras los paramilitares violan, saquean, desaparecen y asesinan a las gentes indefensas. Otro tanto sucede en areas del Magdalena Medio, circunvecinas al hermoso Valle del Río Cimitarra.

Mediante estas formas de terror oficial pretenden desarticular y descabezar las organizaciones opositoras, como en el caso de la Asociación Campesina de Arauca – ACA, cuya presidente Luz Perly Córdoba, una valiente líder campesina de rasgos indígenas, quien ha sido injustamente encarcelada por el régimen en Bogotá. Suerte parecida le corespondió por algún tiempo al líder agrario Luis Angel Perdomo Trochez, luchador popular y fundador de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC. Y como ellos centenares de líderes han sido encarcelados en todo el país por orden de la Fiscalía General de la Nación, un ente convertido en monumento a la impunidad, infiltrado por el narcotráfico y los paramilitares, hoy encabezado por el jurista Luis Camilo Osorio, un personaje tan cínico como corrupto, que sin duda pasará a la historia por su notable odio contra los opositores del regimen.

El “Plan Patriota” busca dasalojar a los campesinos de las selvas del sur con la vana ilusion de restarle apoyo popular a las guerrillas. Para estos hombres y mujeres curtidos por las desgracias de la guerra será su segundo o tercer destierro, ya que muchos de ellos padecieron a mediados del siglo pasado el feroz ataque contra Marquetalia, El Guayabero y Riochiquito, zonas en las que también habían fundado fincas para criar ganado, cerdos y gallinas, sembrar arboles frutales, cultivos de café, yuca y plátano, motivados por la ilusión de criar hijos y prosperar en aquellas tierras.

Los terratenientes que desde la epoca colonial detentan el poder en Colombia, vieron con malos ojos que se realizaran formas sencillas de reforma agraria sin el consentimiento del gobierno, por lo que aquellos campesinos fueron atacados y desalojados violentamente. El presidsente de turno Guillermo León Valencia anunció el 18 de mayo de 1964, que 16.000 soldados atacarían a Marquetalia, según él para restablecer la democracia y eliminar las “repúblicas independientes”, título que les endilgó a aquellas pacíficas regiones Alvaro Gómez Hurtado, un congresista de ultraderecha, años después asesinado por sus compinches.

El temor hizo que muchas familias se desplazaron hacia las selvas del sur, sede actual del “Plan Patriota”, donde siguieron y hoy siguen cultivando la tierra, mientras que 48 familias cansadas de huir, y por amor a sus tierras se quedaron a enfrentar la agresión. El 27 de mayo de 1964 suceden los primeros enfrentamientos y con ellos se inició la resistencia, misma que por estos días está cumpliendo 40 años. El 20 de Julio siguiente, a dos meses de iniciada la resistencia, los campesinos marquetalianos dan a conocer una famosa declaración conocida como el “Programa Agrario de los guerrilleros”. Dos años más tarde y en la misma región, el 5 de Mayo de 1966, hacen pública la declaración política de una Conferencia Guerrillera celebrada en aquellas montañas, constitutiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.

No obstante ser en mayo de 1966 cuando se declaran como FARC, los campesinos marquetalianos tomaron el 27 de Mayo de 1964 –día que suceden los primeros combates entre las tropas oficiales y miembros de las 48 familias que quedaban en Marquetalia –, como fecha emblemática de su resistencia. Transcurridos 40 años desde aquella fatídica agresión, hoy Colombia se debate en un intenso conflicto politico, social y armado. Las FARC y otras expresiones armadas de la oposición como el ELN, hacen presencia en casi todo el territorio nacional. Por su parte las FARC impulsan clandestinamente el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia – MB, alternativa de poder lanzada el 29 de Abril del año 2000 en el Caguán, a la que acuden intelectuales, obreros, sectores indígenas y afroamericanos, académicos y estudiantes, porque ha sido interpretada como un efectivo compromiso con la búsqueda de la paz, y porque fue dada a conocer durante los fallidos diálogos que esta guerrilla adelantaba con el gobierno del presidente Andrés Pastrana.

Veinte años atrás y en otro accidentado proceso de paz en 1985, durante la presidencia de Belisario Betancur, las FARC ya habían intentado una propuesta política, esta vez abierta y legal, orientada a participar en elecciones populares y que bautizaron como Unión Patriótica. A la UP se unieron miles de colombianos de todas los talantes y vertientes políticas, obteniendo un inesperado respaldo de masas en su primer examen electoral, que la llevó de inmediato a ser la tercera fuerza política nacional.

La reacción de la derecha oligarquica y sus aparatos militares fue someter a la UP a un criminal genocidio, que en los siguientes años cobró la preciosa vida de casi 5.000 líderes y simpatizantes. Fueron asesinados en estado de indefensión candidatos presidenciales, Senadores, Representantes a la Cámara, Diputados, Alcaldes, Concejales y miles de seguidores, y pese a que las FARC ya no hacían parte de la UP, luego que renunciaran públicamente a dejarse asesinar desarmados. Por su parte el nuevo presidente César Gaviria Trujillo había roto cualquier posibilidad de reconciliación nacional, luego de que ordenara una impresionante ofensiva aérea y terrestre contra la dirigencia guerrillera el 9 de diciembre de 1990, acantonada entonces para los diálogos en la region de Casa Verde, departamento del Meta. Gaviria cerraba la puerta de la paz y estrenó de esta manera su mandato, acción felicitada públicamente por los EE.UU.

Ahora su pupilo de andanzas lanza el “Plan Patriota”, considerado la más importante campaña militar que emprenden tropas mixtas de colombianos y mercenarios extranjeros, desde que se iniciara el contrainsurgente “Plan Colombia”, impulsado por Andrés Pastrana –anterior presidente–, cuyo sofisma inicial era combatir el terrorismo y el tráfico de drogas. Esta costosa operación de Guerra también está destinada a convertirse en rotundo fracaso, dada la inobjetable capacidad de resistencia de los guerrilleros, cuyos combatientes se mimetizan en las tupidas selvas, pero sobre todo por el respaldo de miles de campesinos y colonos que no fácilmente abandonarán de nuevo sus tierras.

El Estado colombiano desde 1998 venía preparando esta ofensiva, iniciando una impresionante carrera armamentista de la que han sido oportunamente informados por el Comando Sur de EE.UU., los presidentes de Ecuador y Perú, Lucio Gutiérrez y Alejandro Toledo respectivamente. La prensa ha registrado casi todos los sucesos, como que el gobierno colombiano ha recibido algo más de 1.700 millones de dólares en ayuda militar, pero llama la atención que poco o nada ha informado sobre la contratación de un millón de informantes. El gobierno colombiano ha sido parco sobre este tema, pese a la generalizada sospecha de que miles de estos “contratistas” criollos están siendo entrenados y armados hasta los dientes, con el aparente propósito de exterminar a la insurgencia.

No obstante se conoce que algunos miles de estos “contratistas” o informantes han sido situados estratégicamente en los perímetros urbanos y areas rurales de poblaciones fronterizas con Venezuela como Puerto Inírida, Puerto Carreño, Puerto Colombia, Arauca, Arauquita, Saravena, Villa del Rosario, Cúcuta y Puerto Santander, a lo largo de casi 2.000 kilómetros de frontera con la hermana República Bolivariana, que van desde la region de Guinía, pasando Vichada, Arauca, Norte de Santander y Cesár, hasta la Guajira. ¿Que trama la rancia oligarquía colombiana? ¿Otra vez camino a ser el Caín de América?

No deja de inquietar que antes del 2003 los gobiernos colombianos solo se interesaban en adquirir helicópteros, corvetas y lanchas artilladas, pero a mediados de abril de 2004 se destapó una negociación secreta que incluía 35 poderosos tanques AMX-30 de fabricación francesa, sin mencionar 8 aviones C-212, 30 vehículos blindados y artillados para operaciones policiales, 11 lanchas artilladas, bombarderos tipo Mirage y equipos para repotenciar helicópteros Black Hawk. Esta transacción se venía finiquitando en España con el gobierno del franquista José María Aznar. Recordemos que tres años atrás fué conocido y denunciado el comercio clandestino de armas a través de la ciudad de Turbo –Urabá–, por donde ingresan contenedores repletos de fusiles, cañones, rokets y otras armas con destino a los paramilitares. La prensa solo ha dado notoriedad a casos que implican la compra de fusiles por parte de las guerrillas.

Entre tanto el presidente Uribe atiende garrote en mano las solicitudes de diálogo que expresan los sindicatos nacionales, entre ellos la Unión Sindical Obrera – USO, que con su valiente protesta ha detenido la tentativa privatizadora de la estatal de petróleos ECOPETROL. Numerosos líderes sindicales, igual que acontece con voceros del campesinado sobrevivientes de la Guerra sucia y el terrorismo de Estado, se ven compelidos a actuar bajo la intimidación paramilitar y la persecución de la Fiscalía, regularmente acusados de complicidad con el terrorismo.

Al burdo señalamiento de terroristas no escapan los defensores de derechos humanos, a quienes el presidente Uribe, en uno de sus acostumbrados ataques de histeria, señaló como fachadas del terrorismo y las guerrillas. Claro que sus subalternos tampoco pierden el tiempo, como sucedió el pasado 23 de Mayo con el cónsul de Colombia en Madrid Jairo Berrío, quien autorizado por la embajadora Nohemí Sanín –que estaba a su lado–, le gritó epítetos como “narcoterroristas” a varios defensores de derechos humanos –colombianos y europeos miembros de una ONG reconocida por el Estado español–, que protestaban pacíficamente aprovechando la presencia del presidente colombiano en España. Los activistas gritaban consignas a favor de la paz y contra las violaciones a los derechos humanos.

El presidente Uribe, ciego y sordo ante la realidad, avanza en su flamante proceso de diálogos con las paramilitares AUC – Autodefensas Unidas de Colombia. “Las AUC, son una red paraestatal responsable de centenares de masacres contra el campesinado y de numerosos crímenes selectivos contra líderes sociales, sindicales y populares de oposición política al régimen colombiano. Las AUC son lideradas por confesos narcotraficantes y militares en retiro, y fueron entrenadas entre otros, por mercenarios israelíes. Las AUC reciben apoyo logístico y habitualmebte coordinan operaciones contrainsurgentes con secciones de la policía y del ejército oficial. Su funcionamiento es financiado con dinero del tráfico de drogas, y con aportes de terratenientes, políticos corruptos y sectores del empresariado. Las AUC constituyen la última version del paramilitarismo en Colombia, país donde la violencia política ejercida desde el poder, constituye un fenómeno corriente a lo largo del ultimo siglo” .

En este aberrante proceso de diálogos ha vuelto a entrar en escena el actual secretario general de la “Organización de Estados Americanos – OEA”, César Gaviria Trujillo, que insólitamente pretende poner al servicio del latifundio narcotraficante y paramilitar, la que se supone es la más importante organización continental de las Américas. Por ahora Gaviria ha logrado una Resolución del Consejo Permanente, con lo que alcanza parcialmente su sueño, al que ha dedicado ingente esfuerzo en los últimos 13 años: la legitimización del paramilitarismo en Colombia.

El 31 de marzo pasado Gaviria reiteró en rueda de prensa el papel protagónico del organismo hemisférico, afirmando que la OEA acompañará hasta el final el proceso con los paramilitares, porque según él, en aras de la paz es importante convertirles en un actor politico legal. Gaviria no ocultó su interés en evaluar con prontitud los delitos que se van a perdonar durante dicho proceso de diálogos. La preocupación del secretario de la OEA gira en torno a la seguridad de los cabecillas de las AUC, ya que EE.UU. exige la extradición de varios de ellos, por considerarles jefes del narcotráfico mimetizados en la lucha contrainsurgente. Hoy día varios de los más reconocidos jefes del narcotráfico, inclusive denunciados por la prensa oficial y por la embajada de EE.UU., están sentados en la flamante mesa de diálogos con el gobierno de Uribe.

Todo indica que el único escollo por resolver en esta mesa está relacionado con las toneladas de coca que los paras envían a EE.UU., mientras que hechos criminales relacionados con masacres, atentados contra sindicalistas, desplazamiento forzado y acumulación de tierras –paramilitares y terratenientes han sido aliados en el despojo de tierras a casi tres millones de labriegos– y el asesinato selectivo de miles de líderes sociales –acribillados en indefensión, desaparecidos, y otros salvajemente torturados y cortados con motosierras–, son situaciones que hacen tránsito al olvido y la impunidad, que perversamente y con subterfugios semánticos promueve el doctor “Ternura”, remoquete popular del comisionado de paz (yo diría comisionado de la impunidad) Luis Carlos Restrepo.

Y para que no hayan dudas sobre el cinismo del secretario de la OEA, basta analizar el homenaje que presidió el 14 de abril de 2004, en el que a nombre del organismo continental entregó un premio a la multinacional bananera Chiquita Brands, públicamente acusada de financiar bandas paramilitares en Colombia –como los Comandos Populares del movimiento Esperanza Paz y Libertad–, responsables del asesinato de más de un centenar de lideres obreros del otrora combativo sindicato de los trabajadores del banano SINTRAINAGRO –hoy bajo control paramilitar–, y más de mil líderes y simpatizantes del movimiento politico Unión Patriótica. La UP fue practicamente exterminada en Urabá, a manos del paramilitarismo, precisamente durante el periodo presidencial de César Gaviria, guerra sucia que prosiguió durante el periodo en que Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia.

No son estos los únicos sucesos que aproximan a Uribe y Gaviria, cuya historia común les liga a la política, al mundo empresarial y a las multinacionales. Varios de sus respectivos ministros son y han sido consultores, abogados o asesores del Banco Mundial, el FMI y de las multinacionales, como Rudolf Hommes, Fabio Echeverry o Fernando Londoño. Otros como Nohemí Sanin o Luis Alberto Moreno, dedicados a la diplomacia apátrida, han sido funcionarios en ambos gobiernos. Alvaro Uribe inició en mayo de 2004 su incorporación al Area de libre Comercio de las Américas – ALCA, que en realidad es la culminación de un proceso que comenzó en 1990, cuando Gaviria impuso la llamada “apertura económica”. Desde entonces en Colombia se profundizó la tragedia social que afecta principalmente a las capas de población pobre –más de 27 millones de personas–, repercutiendo gravemente en la intensificación y ampliación del conflicto social y armado interno. Uribe Vélez simplemente está cerrando el proceso que inició Gaviria.

Recordemos que siendo Gaviria presidente, Uribe era Senador, curul desde la que promovió Leyes que favorecieron a las multinacionales, como la reforma pensional que sirvió para privatizar el manejo de las pensiones y cesantías; la Ley 50 de 1990 bautizada como Ley de reforma Laboral, con la que los empresarios despojaron a los trabajadores colombianos de sus conquistas acumuladas durante un siglo de luchas y sufrimientos; la Ley 100 de 1993 o “Ley de Seguridad Social”, con la que la salud fue convertida en millonario negocio. En Colombia durante los últimos 14 años, la apertura de estaciones de Policía y batallones del Ejército coinciden con el cierre de hospitales y escuelas públicas.

A Uribe se le acusa de haber tenido fuertes ligazones con el narcotráfico, como cuando fué director de la Agencia de Aeronáutica Civil de Colombia en 1981, época en que aprobó licencias a pilotos, que según él no sabía que eran aviadores del Cartel de Medellín, y menos que trabajaban con su amigo, el Representante a la Cámara Pablo Escobar Gaviria, el tristemente célebre capo del narcotráfico que reinó en Colombia durante los ochenta.

Uribe como gobernador de Antioquia 1995-1997, intentó legalizar el paramilitarismo mediante las “Cooperativas Convivir”, de cuya idea y génesis legal fue autor César Gaviria Trujillo. Las “Convivir” fueron grupos de vigilancia privada que degenerararon en secuestradores y grupos de sicarios. Posteriormente cuando fueron ilegalizadas se aliaron a las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU –un grupo paramilitar que bañó en sangre regiones de Córdoba y Urabá, dirigido por familias terratenientes, entre quienes se destacan Fidel, José Vicente y Carlos Castaño, y militares en retiro como Salvatore Mancuso, uno de los actuales jefes de las AUC que negocian con Uribe–. La base creada con las “Convivir”, junto a otros grupos paraestatales dislocados en diferentes regiones del país, fueron base inicial para la fundación de las AUC, autodenominadas el Frankenstein de la oligarquía colombiana.

“Nosotros nacimos como informantes de las instituciones del Estado” –aseveró ante numerosos periodistas el 14 de mayo de 2004 Salvatore Mancuso, jefe de las AUC… “no nos hemos consumido 20 años en el monte para salir por la puerta trasera”, –finalizó diciendo, según registro del periódico bogotano El Tiempo en su edición del sábado 15 de Mayo, en la que el jefe para se refería a la solicitud de extradición realizada por EE.UU. contra los jefes paramilitares acusados de narcotráfico. “Y ahora dirán que el papá no va a responder por el muchachito. Les va a tocar ver qué hacen con el hijo de Herman Monster que crearon”, –amenazó en la misma rueda de prensa Iván Roberto Duque, alias Ernesto Baez, vocero en la mesa paramilitar. Baez advirtió a Uribe e instó a César Gaviria, pidiendo mayor respaldo para el diálogo con las AUC, insinuando que de lo contrario verdades se conocerían en Colombia. Amanecerá y veremos.

Y claro que existen antecedentes sobre pactos entre gobierno, narcotraficantes y paramilitares. La opinion pública colombiana conoce por investigaciones periodísticas y filtraciones realizadas desde el interior de la Fiscalía, sobre declaraciones realizadas por miembros de la temida banda de sicarios “La Terraza”, años atrás al servicio del cartel de Medellín, quienes denunciaron hechos profusamente difundidos en Colombia, en los que se narran tratos del gobierno de César Gaviria y su flamante política de sometimiento a la justicia. Se denunció que narcotraficantes como Pablo Escobar, aparentemente “sometidos a la justicia”, continuaron desarrollaron actividades criminales desde sus lugares de reclusion. Washington presionó al gobierno colombiano para que controlara efectivamente a los capos de las droga, que habían montado oficinas en sus cárceles para seguir traficando hacia los EE.UU., y que en casos como el de Pablo Escobar también influía en bandas paramilitares, como el MAS –Muerte a Secuestradores–.

Pablo Escobar rompió su acuerdo de “sometimiento” evadiendo la mansión que tenía por carcel, e inició una feroz confrontación contra el Estado y contra los que consideraba sus enemigos. La respuesta no tardó demasiado, ya que un grupo de narcotraficantes de Cali y Norte del Valle, junto a paramilitares que habían roto con Escobar, entre los que figuraba Fidel Castaño, hicieron un pacto temporal con la Policía colombiana, y con agentes de la CIA y la DEA, aprobado por César Gaviria, para crear un grupo denominado “Los Pepes” – Perseguidos por Pablo Escobar–, que fue el encargado de liquidar el poderío del famoso narcotraficante.

Uno de los adalid-encubridores del pacto en mención fué el General Rosso José Serrano, inflado tiempo después como “el mejor policía del mundo”, mientras que el jefe paramilitar Fidel Castaño, partícipe de atrocidades cometidas durante el ‘Plan Condor’ contra líderes populares de la izquierda, aprovechó la coyuntura y desapareció de todo escenario como por arte de magia. Igual suerte parece ser la de Carlos Castaño, el atroz jefe de las AUC y hermano del anterior, quien para evadir crímenes de lesa humanidad que implican a la oligarquía gobernante, también ha desaparecido, e inclusive se rumora que fue asesinado. ¿Pero donde está su cadaver o las pruebas de su muerte? ¿Por qué su familia, como la de su hermano Fidel, salen al exterior y cambian de identidad? ¿En realidad a quienes favorece su inexplicable desaparición? ¿O realmente lo asesinaron para garantizar que jamás filtrara los nombres de militares, políticos y empresarios que han patrocinado las AUC? ¿Por qué el silencio de Uribe y Gaviria frente a estos sucesos? ¿Y porqué insisten en negociar con las AUC, si estas no son ni han sido opositoras del Estado colombiano? ¿Solo por legalizarlas? Entre las cortinas de impunidad surgen muchas preguntas y ninguna respuesta.

Lo cierto es que el narcotráfico ha infiltrado el poder politico en Colombia, y el país sigue en el filo de una casi narcodemocracia, a la que EE.UU. mira con recelo y trata en forma vergonzante, pero sin abandonarle a su suerte. Intereses geoestratégicos, petróleo, oro, esmeraldas, carbón, y reservas ecológicas de la amazonía están de por medio. Pero hay otro ingrediente… Colombia podría convertirse en cabeza de playa para una intervención en Venezuela, país que los gringos miran con desconfianza por el giro politico de los últimos años. Limítrofe con Colombia, la República Bolivariana de Venezuela avanza aceleradamente hacia una democracia progresista y de izquierda, una realidad que molesta a los halcones del Pentágono. Entre tanto, Colombia confirma su posición de tercer receptor de ayuda militar en el mundo.

Para terminar me pregunto: ¿por qué elegir a Frankestein, la célebre creación de los oligarcas colombianos, para iniciar una serie de provocaciones contra Venezuela? Hace pocos días el gobierno venezolano denunció la escandalosa infiltración de las AUC en su territorio. Las autoridades han revelado las identidades de casi un centenar de paramilitares, nueve de ellos menores de edad, detenidos en Caracas a mediados de Mayo del presente año, la mayoría de los cuales son reservistas del Ejército colombiano. Los paras se alistaban para participar en una acción desconocida, cosa que no sorprende, porque generalmente los sicarios tiran del gatillo, y después se enteran por las noticias de quien fue el asesinado, las razones para asesinar son privilegio de sus jefes. ¿Y quienes son sus jefes? Y que hace el golpista Carmona en Bogotá?

La vocera empresarial y embajadora de Colombia en Venezuela, Maria Angela Holguín ha rechazado enfáticamente, que Colombia esté involucrada en cualquier tipo de desestabilización de Venezuela, no obstante, causó escándalo la información de que el General Martín Orlando Carreño Sandoval, Comandante del Ejército colombiano, se hubiera reunido tres veces en el batallón Maza de Cúcuta con miembros de la Coordinadora Democrática Venezolana y recalcitrantes voceros de la derecha empresarial, que buscan derrocar al presidente Hugo Chávez. ¿Será cierto que se reunieron para intercambiar ideas sobre la situación del turismo y la económía de la frontera? Por los personajes reunidos, me temo que no!

(Desde el exilio, Mayo 27 de 2004).

[article.email.prefix]: jacobolam@hotmail.com

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