APUNTES PARA ENTENDER LO QUE PASA EN BOLIVIA

 
Una vez más el gobierno del presidente boliviano Evo Morales se enfrentó a las bases que lo vinieron sustentando y que lo llevaron a la presidencia, enfrentamiento que esta vez -en dirección contraria a sus discursos sobre lo indígena y la pacha mama- iniciaron con la violación a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de consulta indígena y reservas ambientales, para imponer una mega carretera que atraviesa las tierras del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y culminaron con una represión y violación a los derechos humanos de mujeres, niños y hombres indígenas opuestos al proyecto de construcción de ese camino en su territorio.

APUNTES PARA ENTENDER LO QUE PASA EN BOLIVIA

Ximena Bedregal (*)

Una vez más el gobierno del presidente boliviano Evo Morales se enfrentó a las bases que lo vinieron sustentando y que lo llevaron a la presidencia, enfrentamiento que esta vez -en dirección contraria a sus discursos sobre lo indígena y la pacha mama- iniciaron con la violación a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de consulta indígena y reservas ambientales, para imponer una mega carretera que atraviesa las tierras del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y culminaron con una represión y violación a los derechos humanos de mujeres, niños y hombres indígenas opuestos al proyecto de construcción de ese camino en su territorio.

La amplia y fuerte reacción popular nacional que fue creciendo día a día mientras el gobierno se limitaba a acusarla de "conspiración reaccionaria y enemiga de su gobierno", sin querer leer su contenido y que se masificó hasta paralizar al país el miércoles 28, puso una vez más en jaque a Morales, orillándolo a pedir perdón, aunque sin reconocer las violaciones constitucionales que llevaron al conflicto y manteniendo abierta la posibilidad de construir la vía cuestionada, misma que suspende "temporalmente", buscando revalidarla a través de la propuesta de un referéndum, el cual no sólo volvería a violar la Constitución sino que además -al saltarse la obligatoria consulta a los pueblos afectados- provocaría un retroceso en los derechos indígenas establecidos. Además, deja en el anonimato la cadena de mandos que ordenaron la represión. Con lo cual deja abierto el conflicto y, de no rectificar, podría poner en situación aún más crítica su gobierno.

La carretera que construye Evo Morales y que en este momento tiene ya un fuerte avance en sus tramos 1 y 3, atraviesa, en su segundo tramo, por la mitad del TIPNIS, territorio Indígena amazónico de las naciones yuracaré, chiman y mojeña y declarado Territorio Comunitario de Origen (TCO) de estas, el 24 de septiembre de 1990 y ejecutoriado recién en 2008 por el mismo Morales.

Ubicado en el corazón de Bolivia, en el departamento del Beni, colinda al sur con las áreas cocaleras (Chapare) del trópico cochabambino de las que proviene el presidente Morales y de cuyas organizaciones sigue siendo su máximo dirigente, a pesar de ser el presidente de todos los bolivianos.

El TIPNIS, según la Fundación Natura, es una de las áreas protegidas más importantes del país por sus importantes cuencas hídricas, los humedales/pantanales amazónicos bolivianos y 3 mil 400 especies endémicas de flora y fauna. Se trata del "área de regulación del espacio biogeográfico de pie de monte y la amazonía" según la Evaluación Ambiental 2011 (EA-2011) del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP.

Esta carretera, que en su tramo dos atravesaría el TIPNIS, se compondría en el 70 porciento de puentes sobre los pantanales, con un costo de 1 millón 600 mil dólares por kilómetro, abriría paso entre Perú/Chile y Brasil (Atlántico-Pacífico) y en lo nacional entre los departamentos de Beni y Cochabamba , es financiada por Brasil y su construcción se concesionó ya en el 2008 a la empresa también brasileña OAS.

La colindancia con la región cocalera viene generando una fuerte presión sobre el TIPNIS ya que los cultivadores de la hoja de coca cochabambinos, así como otros colonizadores, taladores de maderas finas y narcotráficantes, han venido invadiendo el parque, estableciendo nuevos asentamientos e imponiendo su cultura. En palabras de la EA-2011 del SERNAP "han ido avasallando las tierras indígenas y sus modos de vida adaptativas al medio". A esto se suman las crecientes exigencias por parte de la Confederación Sindical de Campesinos Interculturales de Bolivia (CSIB, antes Confederación de Colonizadores), sindicato que es parte de las bases duras de apoyo a Morales, de anular las TCO por considerarlas "latifundios de los indígenas" y la exigencia de que estas tierras sean repartidas entre campesinos colonizadores.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y organizaciones ambientalistas bolivianas han denunciado también acciones de prospección petrolera dentro del parque; estudios que ya han identificado dos áreas de extracción hidrocarburífera (los bloques Chispani y Secur), que según la Liga Boliviana de Defensa del Medio Ambiente han sido ya concesionadas sin que el gobierno haya informado de esto. La SERNAP ha confirmado que se está haciendo prospección en otras áreas del parque.

No obstante que el Artículo 403 de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano (CPEPB) establece explícitamente "la integridad del territorio indígena, originario campesino (TCO), que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables" , y que según el artículo 352 y otros de la misma el Estado debe consultar a los pueblos indígenas de manera libre, previa e informada antes de explotar recursos naturales o construir mega infraestructuras en sus territorios ancestrales, el gobierno de Morales está realizando las prospecciones hidrocarburíferas, diseñó, contrató a la empresa OAS e inició las obras de la carretera sin consulta alguna, sin el consentimiento de los dueños legítimos del TIPNIS, sin cumplir con los estudios de impacto ambiental y por ende en flagrante violación a la Carta Magna.

Un elemento poco visibilizado por la noticia, que siempre se adscribe más a la coyuntura, pero sin embargo de fondo para el estallamiento del conflicto del TIPNIS, como también para entender el quiebre entre sectores del mismo gobierno, las posturas altamente críticas de ex funcionarios y diseñadores/gestores del texto constitucional, el alejamiento paulatino de parte de movimientos sociales que apoyaron incondicionalmente a Morales durante su primer periodo gubernamental (el caso de la Confederación de Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Confederación de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMQ), las organizaciones más profundamente indígenas del país), está en la visión de desarrollo que ha ido imponiendo e implementando el gobierno de Morales.

Con todos sus bemoles, criticas posibles, limitaciones, contradicciones internas y complejidades para aterrizar la nueva Constitución Plurinacional boliviana, en ésta se plasmó en una no despreciable medida el concepto indígena del "buen vivir" entendido -- y dicho aquí de manera muy sintética-- como crítica al modelo desarrollista de la modernidad occidental; como reivindicación de la resistencia centenaria de los indígenas bolivianos a ese modelo, en su versión de derechas y de izquierdas; como aceptación de otras cosmovisiones, usos y costumbres que generan la vida con su consiguiente parte potencialmente descolonizadora y como una economía plural pero vertebrada en torno a conceptos y prácticas anti neoliberales, anti monetaristas, antidependentistas y antidesarrollistas contra los que se levantó el pueblo boliviano, y en particular los indígenas, durante todas las insurrecciones que iniciaron el siglo XXI y que finalmente hicieron posible la nueva Constitución y al gobierno de Evo Morales.

Sin embargo, más allá de los innumerables bonos que entrega el gobierno, que difícilmente alcanzan a paliar la pobreza extrema, los principales y más publicitados proyectos del gobierno para mejorar la economía nacional, se centran - ahora igual que antes- en el extractivismo de los recursos naturales; en mega proyectos de gran impacto, social, ambiental y cultural en función del mercado internacional y dependientes de él y en la expansión de territorios para cultivos intensivos y hasta genéticamente modificados. Todo esto mientras hacia afuera de Bolivia se enarbola el discurso indigenista, ambientalista y pachamámico.

En esa línea se inscriben los mega proyectos hidroeléctricos de Cachuela Esperanza y del Bala, ambos en el Beni, mismos que afectarán gravemente a los grupos indígenas de la región y al ecosistema amazónico al desviar ríos principales de la cuenca amazónica boliviana para reconducirlos a las presas en formas de piscinas de inundación. Proyectos ambos para exportar energía, principalmente al Brasil, que a su vez es quién financia con "préstamos blandos" las obras de Cachuela Esperanza, condicionados a la contratación de empresas de ese país. El costo de ambos proyectos llega a casi 3 mil millones de dólares. Valga informar que la presa del Bala fue el proyecto estrella del ex prefecto del departamento de la Paz, Chito Valle, yerno del dictador Hugo Banzer y actualmente en la cárcel de La Paz.

Otro de los megaproyectos de la actual gestión, es la geotérmica de Laguna Colorada en la provincia Sud Lipez, altiplano andino del departamento de Potosí (frontera con Chile), que demandará la construcción de un buen número de grandes pozos y una inversión de 400 millones de dólares. Esta es una zona de alta fragilidad geológica y ambiental, es parte también de un parque de conservación y alberga la más importante concentración de aves del altiplano andino.

Estos proyectos que se adjudicaron y se iniciaron con contrataciones directas, con sólo Decretos Supremos presidenciales que habilitaron este procedimiento (sistema de gestión establecido en las dictaduras militares y que obvia al parlamento), sin las consultas previas a los habitantes de la zona establecidas por la Constitución, son fuentes de futuros conflictos.

El mismo EA-2011 del SERNAP, dependencia del ministerio de Tierras advierte que "se está estableciendo un modelo de desarrollo que impulsará la economía de mercado competitiva que no corresponde al modo de vida indígena. .. , modelo nacional de desarrollo que entra en colisión con el modo de vida actual de los pueblos indígenas; así como también con el tipo de desarrollo que esperan... Es un modelo de desarrollo que exigirá que las familias indígenas modifiquen sus patrones económicos, se adscriban con mayor fuerza al mercado, debilitando sus estrategias de seguridad alimentaria... . A ello habría que agregar la pérdida de biodiversidad, de funciones ambientales integradas, " en suma la pérdida de ecosistemas y de hábitats apropiados que sufrirán tanto los pueblos indígenas como el pueblo boliviano en general "

¿La justificación gubernamental para estos megaproyectos y sus modos para imponerlos? : "es prioridad que Bolivia entre en el desarrollo". Por ello es importante entender el actual conflicto del TIPNIS no como algo aislado sino en el marco de esta tensión entre diferentes modelos de país, en especial cuando desde palacio de gobierno se acusa de "contrarrevolucionario, traidor, aliado a la derecha y agente de la embajada de Estados Unidos" a cualquier manifestación de discrepancia con el modelo de país que quieren imponer Morales y su entorno.
Otro aspecto es el que tiene que ver con el modo de gobernar y esto ha sido el elemento repetitivo y más fuerte para cada uno de los muchos conflictos que ha tenido que enfrentar el gobierno con las que fueron sus propias bases de apoyo.

Desde el primer artículo y de manera reiterativa en muchos de sus acápites, la CPEPB garantiza a los "pueblos indígena originario campesinos, su dominio ancestral sobre sus territorios, garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales"; el derecho "a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y específicamente a través de sus instituciones matrices, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a consulta previa, obligatoria, de buena fe y concertada... respetando sus normas y procedimientos propios".

Los procedimientos estipulan que ante un proyecto que los afecte debe hacerse el estudio de impacto ambiental, informar y hacer la consulta. En el caso de la carretera que pretende atravesar el TIPNIS, ninguna de estos articulados y normas se cumplieron, como tampoco se han cumplido en los restantes mega proyectos aquí mencionados.

La carretera por el TIPNIS tiene tres tramos, el segundo de los cuales pasa por las TCO de chimanes, yuracares y mojeños. Las obras se iniciaron y llevan a la fecha buen avance en sus tramos 1 y 3 sin haber cumplido las normas constitucionales ni los procedimientos establecidos. Una vez avanzados los tramos 1 y 3, para el gobierno resultaba difícil arriesgarse a perder una consulta relacionada al tramo 2. es decir, con ese avance inconsulto se pretendía imponer el tramo intermedio.

Pareciera que el conflicto empezó con la marcha, pero al decir de los dirigentes, fueron muchos los pedidos de las organizaciones indígenas de la zona para que se cumplan la Constitución y las normas. Al no obtener respuesta, los indígenas anuncian con semanas de anticipación que realizarán una marcha hasta La Paz para ser oídos. Ante ello, Evo Morales repuso: "quieran o no habrá carretera", instruyó a los jóvenes cocaleros a "enamorar a las compañeras yuracaré para que no se opongan al camino" y afirmó que "si niegan este proyecto son traidores".
Además arguyó que se habían hecho "varias consultas", mismas que fueron solo pequeñas asambleas informativas con unas pocas comunidades, la mayoría de la zona de colonizadores, y sin respetar las organizaciones matrices indígenas como establece la Constitución.

De ahí que, una vez iniciada la marcha (el 15 de agosto) ante la negativa presidencial a canalizar una solución previa a su iniciación, los dirigentes indígenas insisten en que el diálogo lo harán únicamente con el presidente. Este se niega a ir con el argumento, expresado por boca de su ministro de Comunicación, que el presidente no puede ir a hablar con cada uno de los actores de los conflictos, que eso "establecería un antecedente negativo para la investidura presidencial", argumento que ya se había dado frente a un bloqueo en Caranavi, que se dejó crecer hasta que terminó con la represión policial, que dejó dos muertos.

Sin embargo en ese mismo tiempo la "investidura presidencial" si pudo reunirse con cocaleros y colonizadores de la zona de conflicto para explicarles los beneficios que les traería la carretera. De la misma manera dialogó por separado con parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) llevando ofertas de beneficios para esa organización que apoya la marcha, logrando que sus dirigentes se retiren de la caminata pero no así que le quiten su apoyo.
El presidente envía en varias ocasiones a ministros y viceministros para dialogar, pero siempre con un punto intocable e inamovible y obviamente inaceptable para los indígenas: "el tramo dos de la carretera no se toca ni se mueve", haciendo fracasar el posible diálogo aunque encontrando siempre argumentos para hacer aparecer a los indígenas como los ruptores del mismo.

A esto se le iban sumando constantes acusaciones de "traidores", de estar "manejados por la embajada de Estados Unidos", de robar vehículos, de estar manipulados por la derecha, por el depuesto ex presidente Sánchez de Lozada, hasta de estar manejados por funcionarios de la ONU, ofreciendo mostrar pruebas que nunca llegaron, salvo un comprobante de una llamada vía celular entre un dirigente y un funcionario menor de la embajada de Estados Unidos (por lo demás acto ilegal de espionaje). Hechos todos que sólo enojaban y radicalizaban más y más a los dirigentes del TIPNIS, aumentaban el apoyo popular a la marcha en todo el país y hacían las cosas más difíciles de solución.

Los momentos más graves se iniciaron cuando el gobierno moviliza al poblado de Yucumo a grupos de colonizadores y éstos anuncian que están ahí para parar "a como dé lugar esa marcha de traidores", hacen zanjas, amenazan con dinamitazos, haciendo gala de beligerancia.
Con el pretexto de evitar el enfrentamiento el gobierno moviliza efectivos de la policía que cercan, no a los colonizadores que impedían la libre circulación de los marchistas, sino a los propios marchistas, evitándole el acceso de alimentos e incluso el acceso al agua del río que se encontraba a 20 metros. Todo lo cual va generando un creciente apoyo de la población y aislando cada vez más al presidente ya su gabinete.

El domingo 25 de septiembre, mientras los marchistas descansaban y preparaban sus alimentos, la policía ataca su campamento con lujo de violencia, gasifica, maniata con cinta de empaque cara y brazos de indígenas y golpea a hombres, mujeres y niños que corren al monte selvático, dejando niños dispersos y perdidos de sus padres; golpean a los médicos que atendían a los heridos en el hospital del pueblo y evitan que la prensa atestigüe y filme los hechos; detiene a dirigentes y marchistas a quienes trasladan en buses previamente preparados. Horas más tarde estos detenidos fueron liberados por una verdadera insurrección popular en la ciudad de Rurrenabaque al momento de ser subidos a aviones.

A pesar de los impedimentos para informar, las imágenes y los testimonios salen hacia Bolivia y el mundo, lo que acaba de indignar a la opinión pública que se moviliza en todo el país protestando por la represión, provoca una fuerte crisis de gabinete (renuncian dos ministros, dos viceministros y varios funcionarios medios), y genera la protesta de organizaciones democráticas e indígenas internacionales lo que acorrala al gobierno de Morales.

Una contundente respuesta de protesta activa y nacional encabezada por la Central Obrera Boliviana se desencadena el miércoles 28, paralizando al país y poniendo en vilo al gobierno y al presidente. Este, al igual que en el tremendo error del gasolinazo de año nuevo, pide perdón pero sin dejar claro si ha comprendido que su verdadero enemigo es el continuismo que lleva en el proyecto de país.

Es este modelo lo que tiene que redefinirse y reencauzarse, es esto lo que está exigiendo el pueblo de Bolivia, empezando por
una investigación a fondo, sin maña ni ocultamiento, de los hechos y los responsables, desde las decisiones de los contratos sin cumplir la ley hasta la represión contra los marchistas; terminando por reencaminar al modelo que sueñan los que hicieron posible la nueva Constitución. Si no lo comprende ahora y, con o sin pedidos de perdón, no rectifica con actos de fondo, su futuro puede tomar cauces peligrosos.


(*) Videoasta y fotógrafa. Fué corresponsal gráfica en Bolivia de febrero de 2006 a junio de 2011

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