DENUNCIA 097

 
El desistimiento se basa en un análisis de la irrelevancia penal de la conducta penal del denunciado. Usando para ello, la imputación objetiva de la denuncia de fojas 126 presentada el 13 de julio de 2012.
Esta mi denuncia, en el folio 1, precisa que “no cuestiono que el Sr. René Cornejo fundara la empresa Corporación Helios S.A. el año 2008, después de su paso por PROINVERSIÓN y su participación en procesos convocados por PROINVERSIÓN como Consultor y el de asesorar a Empresas para que participen con Iniciativas Privadas en instituciones del Estado, esto es su legítimo derecho como empresario. Pudiendo utilizar sus relaciones con Instituciones afines a su negocio para cumplir con los compromisos con sus clientes”. No obstante, considere importante poner a disposición de la subcomisión indicios, en primer lugar de vulneración al Código de Ética de la Función Pública, y posteriormente, acerca de supuesto delito de abuso de autoridad y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Lima, 24 de julio de 2013

Sr.
Dr. VICTOR ISLA
Presidente del Congreso de la República del Perú
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n
Lima.-

Asunto : DENUNCIA 097

Ref. : Carta s/n del 13 de Julio del 2012.
Carta del 14 de noviembre del 2012
Acta del 21 de Junio del 2013.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, presento razones de desistimiento de la denuncia de la referencia, los mismos que paso a fundamentar y detallar:

SOBRE LA DENUNCIA.
El desistimiento se basa en un análisis de la irrelevancia penal de la conducta penal del denunciado. Usando para ello, la imputación objetiva de la denuncia de fojas 126 presentada el 13 de julio de 2012.
Esta mi denuncia, en el folio 1, precisa que “no cuestiono que el Sr. René Cornejo fundara la empresa Corporación Helios S.A. el año 2008, después de su paso por PROINVERSIÓN y su participación en procesos convocados por PROINVERSIÓN como Consultor y el de asesorar a Empresas para que participen con Iniciativas Privadas en instituciones del Estado, esto es su legítimo derecho como empresario. Pudiendo utilizar sus relaciones con Instituciones afines a su negocio para cumplir con los compromisos con sus clientes”. No obstante, considere importante poner a disposición de la subcomisión indicios, en primer lugar de vulneración al Código de Ética de la Función Pública, y posteriormente, acerca de supuesto delito de abuso de autoridad y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
En la denuncia de 13 de julio del 2012, señaló que empresa ganadora calificada por PROINVERSION “estaría pagando la Comisión por Honorarios de Éxito a Corporación Helios S.A” y que la distribución de esta comisión es competencia de Consorcio Helios S.A “entre todas las personas que participaron para que su cliente se haga del Concurso”(folio 2). Ello, debido a los “posibles contactos” de Corporación Helios S.A con PROINVERSION y como han sido ubicados “estratégicamente” durante su gestión del Ministro René Cornejo Díaz. Asimismo, se menciona que “ha sido designado a su amiga y ex compañera de trabajo Srta. Rossina Manche Mantero como Gerente General de SEDAPAL” (folios 3) y “viene incorporando a su entorno privado” (folio 5) “cerrando el círculo” (folio 8) y “parece que ha organizado un equipo de experiencia y vinculados con PROINVERSION. No obstante, ello, precisa que Cornejo Díaz utiliza “su equipo de consultores de Corporación Helios para seguir con su negocio privado, triangulando acciones e intereses entre PROINVERSIÓN-MINISTERIO DE VIVIENDA-SEDAPAL”(folio 1).
Al respecto, las denuncias interpuestas contra el denunciado no queda comprobado la relación de causalidad y la comprobación de un vínculo jurídico entre la acción y el resultado. La Ejecutoria del 2 de octubre de 199, exp 3479-98 Lima, define que, en todo delito de resultado se requiere, como primer nivel de análisis, que se verifique un nexo de causalidad entre el comportamiento del sujeto activo y en la producción del resultado. En la denuncia, no se advierte, en base al material presentado el 13 de julio del 2012, en el sentido de que el denunciado establece relaciones de confianza con un entorno que generan beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. A ello, debe agregarse, que la denuncia no demuestra una acción típica, antijurídica y culpable. No obstante, en cuanto a la antijuricidad debo precisar que la conducta cuestionada se hace en el cumplimiento de deber de cargo o función otorgado por el Presidente de la República Cmdte. Ollanta Humala Tasso.
La acción del denunciado no ha creado un peligro jurídicamente desaprobado y que el resultado sea producto del mismo peligro. Aun cuando, el Consorcio Helios SA tiene derecho a recibir comisiones por el éxito de sus operaciones por sus clientes. No obstante, que la Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública-Ley Nª 28024 y Decreto Supremo 099-2003-PCM lo permite. Desconozco, si el Consorcio Helios SA está registrado como gestor social en la SUNARP por el mérito de la Ley Nª 28024.
Asimismo, debo precisar, que existen riesgos tolerables como permisibles, debido a la utilidad social y los datos técnicos que brinda el denunciado al Estado. Los funcionarios y servidores tienen la obligación de entregar datos técnicos y ser útiles sociales.
Asimismo, se hallan fuera del interés del derecho penal contratar personas de confianza para el buen gobierno. Igualmente, se ubican fuera del interés del derecho penal ubicar estratégicamente, a personas que le ofrezcan datos técnicos y sean útiles sociales, y que actúen correctamente conforme a las reglas pre-existentes.
La imputación de que el denunciado viene “cerrando el círculo” queda desvirtuado con el ingreso de personas honorables como la Sra. Jenny Fierro, Julio Schiappa, Nerio Sánchez, Alcides Centeno, Moises Ccama, entre otros. Estas personas son personas intachables.
En cuanto, a la información privilegiada que utilizó el denunciado, en el subsector saneamiento fue utilizado para los procesos de concesión de Taboada, Huascacocha y La Chira, sin cuestionamiento alguno por la Contraloría General de la Republica. No obstante, que para el caso Taboada, los cuestionamientos de este fueron por índole de temas sanitarios.
No tengo confirmado la representación legal del Sr. René Cornejo Díaz, en la empresa OAS en el caso de la concesión Huascacocha.
Asimismo, las relaciones personales del denunciado permitieron riesgos insignificantes, en el caso procesos Lima Sur II y 18 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que no se llevaron a cabo, por tanto es imputable una conducta al imputado. No se puede, entonces, adjudicar ilicitud en procesos que no fueron adjudicados. En el caso, del proceso “Rehabilitación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en Lima Metropolitana” esta fue adjudicada a la empresa privada MPM que quedo segunda en la calificación.
Sin embargo, PROINVERSION, a tenor de que no pudo adjudicar los procesos Lima II y 18 Plantas de Tratamiento de Aguas residuales, ha sometido a fase de estudios el proyecto “Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima” y está convocando a licitación “Provisión de servicios de saneamiento para los distritos del sur de Lima”.
MAS RAZONES DE DESISTIMIENTO.
El 14 de mayo del 2013, en declaraciones en el canal on-line Willax y que fueron conocidas por el sistema de alertas IP, se supo que el denunciado, renunció a la empresa Consorcio Helios SA en octubre del 2010, y que su salida se formalizó en registros públicos en enero del 2011. Asimismo, se destacó que en el “momento que se dieron los vínculos”, René Cornejo Díaz “ya no tenía relación con la empresa”.
Para entender la respuesta del denunciado, el Sr. Ulises Humala, hermano del Presidente Ollanta Humala, el 13 de mayo del 2013, a través de las ondas electromagnéticos de la emisora radial RPP denunció que la empresa Consorcio Helios SA contrata con el Estado. Ulises Humala, en Canal 11, el 14 de mayo del 2013 aseveró que la empresa del Ministerio de Vivienda René Cornejo “contrato” con el Estado.
Sobre el mismo caso, los Congresistas Yehude Simon Munaro y Enrique Wong Pujada, presentaron la moción 6220 que propone que el Congreso de la Republica invite al denunciado, para que informe sobre presuntas irregularidades denunciadas por el semanario “Hildebrandt en sus trece”, que publicó, del 08 al 14 de febrero del 2013, un artículo denominado “Heliocentro”, en la que manifiesta que el denunciado “habría” realizado la conducta de favorecer a la empresa Consorcio Helios SA de la que “es accionista”, con diversos contratos con el Estado y ejercer influencia en nombramientos a cargos públicos de las socias de la citada empresa, siendo el caso de la Sra. Ana Inés Verastegui, quien fuera gerente general de la Corporación Helios, nombrada el 26 de enero de 2012 como presidenta del directorio de Electro oriente y a la Sra. Martha Cecilia Esteves Dejo, consultora principal de su empresa, nombrada como miembro del directorio de PERUPETRO en representación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Es curioso, que el congresista Víctor Andrés García Belaunde, desde el 18 de julio, fecha en que el congresista y presidente del Congreso de la Republica Daniel Abugattas lo derivó para atención, no hizo absolutamente nada para investigar la denuncia 097. En su lugar, la denuncia estuvo bloqueada.
A raíz, de que publico en el ciberespacio, una versión amigable de la denuncia 097, sin firma. Paradójicamente, circulan por medios electrónicos el boletín Frente Único contra la Privatización del agua y saneamiento-FUCPAS, donde se me compromete en una serie de denuncias contra el denunciado. La fuente del boletín sale del email:  fucpas@gmail.com. Asimismo, se usa mi buen nombre como supuesto presidente del FUCPAS.
El 30 de julio del 2012, a dos días del segundo mensaje a la Nación del Presidente Ollanta Humala, publico un artículo on-line de marras denominado “Perú: Ministro René Cornejo en el banquillo de los acusados” en Indymedia, que destaco el anunció “ayúdenme a limpiar el Estado”. A raíz, de ello, preciso, que actualmente, está operando la privatización de 18 plantas de tratamiento de aguas residuales de SEDAPAL. No obstante, el cuestionamiento de SIFUSE a la privatización de las 18 plantas de tratamiento de aguas residuales, esta fue paralizada por PROINVERSION, en fecha posterior.
La foto que aparece en el artículo on-line precitado me fue enviada por la Sra. Cristina Calderón Ocrospoma, que fue despedida súbitamente, por el denunciado, a través de la Sra. Rossina Manche, Gerente General de SEDAPAL.
No obstante, en el ciberespacio circula  http://moralizador.jimdo.com/ del que no tengo autoría y participación. Esta web es una ventana que ataca sin fundamento al denunciado y desvirtúa la importancia de un correcto seguimiento a este caso.
Asimismo, encargue al ex asesor del Vice-Ministro Enrique Juscamaita y servidor de SEDAPAL, Sr. Raúl Enríquez Hurtado el seguimiento a la denuncia ante el Congreso de la Republica. Inadecuamente, el Sr. Enríquez envió un email con fecha 10 de junio del 2013, en que señala “Como le indique en en un correo anterior, la Carta Poder suscrita por usted en forma voluntaria, donde me encargaba su representación ante la falta de tiempo por estar laborando en el Ministerio de Vivienda, el suscrito no ha hecho uso del mismo y dicho documento ha sido destruido por mi persona por considerarlo innecesario e inútil ante el conflicto de intereses que tiene usted hoy con el Ministerio, al haber realizado una denuncia contra el Ministro que actualmente es su empleador. Sobre el servicio que me pidió sobre la presentación del recurso de habeas data y ante la falta de entrega de su persona de la documentación que debería adjuntarse como antecedentes, este también fue destruido ante su falta de interés en el tema y el tiempo transcurrido, como es obvio por su actual relación laboral (especialista para la defensoría del usuario) con el Ministro que usted denunciara ante el Congreso…”.
LEY DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL PERÚ
En cuanto, a la imputación de que el denunciado “cuenta con todos los mecanismos para allanar los procesos de concesiones en las empresas de agua y saneamiento, posiblemente con las concesiones de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la concesión de EMAPACOP y otras actividades que pudieran ser terciarizadas, con el único propósito de abrir un nuevo mercado a la inversión pública, donde el Sr. Cornejo tiene especial interés” (folio 13), debo aclarar, que el Oficio N° 143-2012-PR de fecha 25 de junio de 2012 citado fue rectificado por otros oficios por la Presidencia de la República.
Lo cierto, es que la iniciativa presidencial fue modificada por el Ministerio de Economía y Finanzas. No obstante, el jueves 30 de mayo del 2013, el pleno del Congreso de la República aprobó por 98 votos un dictamen de insistencia, a favor la ley de modernización de los servicios de saneamiento, que tuvo 5(cinco) votos de abstenciones.
La promulgación de la Ley de modernización de los servicios de saneamiento-Ley Nª 30045 fue dada el martes 18 de junio. El respaldo a esta iniciativa fue rápidamente dada por los ciudadanos German Espejo Sevillano(Red Ambiental La Libertad), Jesús Valencia Silva (CECOPRODEVES), Alberto González Ortega (Asociación Nuevo Accoro-Huancavelica), Raúl Palomares, Bertha Villaverde, Alonso Llacchua, lo que puede verificarse en el ciberespacio del Facebook personal del 18 de junio del 2013.
LEGITIMIDAD DE OBRAR
Sobre la naturaleza jurídica de mi obrar debo manifestar que soy parte integrante de una sociedad donde imperan los conflictos de intereses, de ahí que invoque el perjuicio personal y por ende la ejercite, a través de una denuncia formal dirigida al Congreso de la Republica. El interés para obrar según el procesalista Ticona Postigo prefiere llamarla "necesidad de tutela jurisdiccional" y nos dice que "es el estado de necesidad de tutela jurisdiccional en que se encuentra una persona en concreto y que lo determina a solicitar, por vía única y sin tener otra alternativa eficaz, la intervención del respectivo órgano jurisdiccional con la finalidad de que resuelva el conflicto de interés en el cual es parte".
No obstante, Juan Monroy, sobre el tema nos precisa que "hay interés para obrar cuando una persona a agotado todos los medios para satisfacer su pretensión material y no tiene otra alternativa que recurrir al órgano jurisdiccional. Esta necesidad inmediata, actual, irremplazable de tutela jurídica es el interés para obrar".
Mi interés para obrar está determinado por el interés para accionar o la necesidad de recurrir al órgano de control político para establecer una relación jurídica con la persona a demandar, y se tiene interés cuando se busca el reconocimiento o la declaración de un derecho, así como la solución al conflicto. Aun cuando, la denuncia estuvo bloqueada.
No obstante, la incertidumbre jurídica que surge es suficiente motivo para desistirme de la denuncia. Esa relación consiste en que acabo el peligro y los riesgos son insignificantes.
El acto de desistimiento tiene relevancia jurídica, a otro, antes del inicio del proceso penal. En consecuencia, no hay delito y vulneración al Código de Ética por parte del denunciado.
Este resultado lo invoco, al precisar que no tengo sentencias que limiten mis derechos constitucionales y sociales. Tampoco tengo antecedentes civiles y policiales. En el registro de denuncias del Ministerio Publico tengo una relación de denuncias contra la chilena Lucchetti Perú.
En mi vida personal enfrente la corrupción caso Lucchetti Perú (1997). Esto lo hice, en mi condición de dirigente del Movimiento Ciudadano “Foro Ecológico del Perú”. La mafia fujimorista abrió instrucción contra mi persona. Luego, de una cerrada defensa de APROHDE, el caso fue archivado.
Asimismo, aporte al desarrollo de conciencia social con la fundación de la RED VERDE COMUNICACIONES, CENTRO DE ESTUDIOS JOSE OLAYA, PROGRAMA DE APOYO A LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS CON ENFOQUE ANTROPOLOGICO, ASOCIACION DE USUARIOS DE SEDAPAL, entre otros.
Tengo una pequeña propiedad en el Centro de Lima y mi esposa es administradora de un pequeño negocio en el distrito de Chorrillos.
Tengo experiencia en el subsector saneamiento. Integre la comisión de transferencia del Ministerio de Vivienda, en el año 2011, gracias al auspicio de la UI y el aprecio del Sr. Ricardo Guisecke (ex Ministro del Ambiente 2011) y Víctor Oliva. Llego a ser integrante de la citada comisión por el apoyo desinteresado y de apoyo a la segunda vuelta electoral, a través de la Sra. Elsa Malpartida Jara, y en mi condición de militante del Partido Acción Popular, partido aliado del Comandante Ollanta Humala. La Sra. Elsa Malpartida Jara me extendió una credencial de fecha 30 de abril del 2011.
Mi obra por despliegue ético tiene el antecedente, de haber sido asesor del Sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de SEDAPAL-SIFUSE, y ser reconocido “por el gran apoyo que nos brindó en el año 2008,(…) en la lucha frontal contra la corrupción” de SEDAPAL. Esto, está escrito, en la carta Nª 117-2011-SIFUSE firmada por el Sr. Luis Humberto Tori Gentile y Edward Ávila Morales, dirigentes del mencionado organismo sindical.

Mi consentimiento está apoyado en mi participación en la relación de profesionales que hicieron llegar sus aportes a la comisión sectorial del Partido Nacionalista Peruano, en el 2011. Mis aportes, fueron sintetizados en el Plan de Acción 2012-2016, con aspectos de inclusión y de modernización de los servicios de saneamiento.

En mi condición de militante del Partido Acción Popular sigo una conducta ética. Así, escribí el ensayo “Agua y sed. Por una política de Estado”, que fue prologada por mi Secretario General Mesías Guevara Amasifuen y actual Congresista de la Republica. En ella, aborde la importancia de optimizar un modelo de empresa pública de saneamiento moderno, despolitizado y participativo. Actualmente, ocupo el cargo de Secretario Nacional de Colegios Profesionales del Partido Acción Popular.

Asimismo, gracias a mi autoformación soy columnista del diario “La Razón”, comentarista de Radio JN-Noticias y de Radio Enlace del Perú. Así como colaborar de la organización educativa “Unidos contra el crimen y la corrupción”.
No fui presionado por el denunciado, no obstante el conflicto de intereses. Este desistimiento, es un despliegue ético en mi condición de especialista social y DOCTOR HONORIS CAUSA por la Honorable Academia Mundial de Educación. No obstante, haber solicitado una cita mediante carta de fecha 23 de octubre 2012 (exp 043627).
Respecto, a la decisión del 18 de junio de 2013, en la que la Subcomisión de acusaciones constitucionales aprueba pedido presentado por los congresistas Javier Velásquez y Víctor García Belaunde para que se postergue la votación del informe de calificación que recomienda la improcedencia de la denuncia constitucional contra el denunciado, por desistimiento de la parte denunciada, debo manifestar que la misma debe ser analizada a la luz de este desistimiento.
Por lo expuesto, solicito a usted Sr. Presidente del Congreso de la República, archivar la denuncia 097, mediante un informe y un acuerdo congresal de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, así como citarme en la sesión donde se aprobará el acuerdo y comunicarme dicho acuerdo.
Atentamente,





Carlos Antonio Franco Pacheco
DNI N° 06998928
Dirección: Calle Pléyades Mz U Lote 22c. La Campiña-Chorrillos.
E-mail:  aguapl@hotmail.com
Teléfono: 945058944

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